Archivo de la categoría: servicios publicos

La guerra del agua

La FAO ha advertido que para el año 2025 alrededor de 1.800 millones de personas vivirán en países o regiones con una drástica falta de agua, y dos tercios de la población mundial podrían tener que enfrentarse a la escasez del líquido En 1999, cuando Bolivia buscó refinanciar el servicio público de agua de su tercera más grande ciudad: Cochabamba, el Banco Mundial demandó que fuera privatizado. En el 2000 la resistencia popular al esquema de privatización del agua fue noticia asi como el soporte gubernamental al derecho de propiedad de la compañía.

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Sobre la privatización del servicio de agua

Existe una gran diferencia entre la distribución del servicio público de aguas por el gobierno y la misma tarea hecha por una empresa privada. Definitivamente ninguna empresa privada debería ser autorizada por el gobierno para efectuar esa actividad. Sin embargo, muchos gobiernos de Latinoamérica (El Salvador, México, Argentina, etc.) desoyendo las enseñanzas de la buena economía insisten en privatizar el suministro de agua a la población, fundado en el absurdo pretexto de la “mejora de la eficiencia”. La realidad es otra: la privatización del suministro de agua –un servicio público- no es otra cosa que la evidencia de la corrupción que impregna esos gobiernos.

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El caso del Ferrocarril Central Córdoba

En 1926 el Sr. Juan Bautista Gómez, obtuvo de la Corte Suprema de Justicia de la Argentina una sentencia que resultó favorable a su oposición al aumento de las tarifas del Ferrocarril Central Córdoba (CSJN, Gómez, Juan B. c/ Empresa del Ferrocarril Central Córdoba. Fallos: T. 146 , P. 207). La empresa del Ferrocarril Central Córdoba había elevado sus tarifas sin requerir la previa aprobación del gobierno. Gómez se opuso y su pretensión tuvo que ser resuelta por el máximo tribunal de justicia de la Argentina. En esa oportunidad el Supremo Tribunal señaló que “La absoluta libertad de contratar y de fijar el precio de las cosas o de los servicios, existe solamente cuando la propiedad o la actividad personal se hallan dedicados a objetos puramente privados, pero no cuando lo son a cosas públicas, especialmente si se explota alguna concesión, privilegio o monopolio concedido por el Estado, como ocurre tratándose de ferrocarriles; por lo que, toda concesión para la explotación de servicios públicos que importe un monopolio, aún cuando sólo sea virtual, como es el caso de los ferrocarriles, lleva implícita la condición de que sus precios o tarifas están sometidos al contralor de la autoridad administrativa”.

Sobre la educación universitaria pública y gratuita

Resulta evidente que la universidad pública gratuita proporciona beneficios a más de una persona al mismo tiempo y que el uso de sus facilidades no se encuentra restringido a las personas que puedan contribuir a su funcionamiento mediante el pago de aranceles o matriculas. Por el contrario las personas que aprovechan directamente el servicio de educación publica universitaria nada pagan por él al gobierno. ¿No resulta ya válido entonces pensar que la “mano invisible” llevara finalmente a un equilibrio competitivo equitativo entre la oferta y la demanda educativa universitaria?. Definitivamente no. Una cosa es la asignación de servicios privados que hace el mercado y otra distinta la distribución de servicios públicos que efectúa el gobierno.

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Las fallas de los mercados de bienes y servicios públicos

En ausencia de externalidades, los mercados competitivos conducen a una eficiente asignación de los recursos, bienes y servicios y en ese sentido el precio –de equilibrio- es el indicador que posibilita el aprovechamiento y la producción de las cantidades socialmente optimas de estos y aquellos. Cuando el sistema de precios falla y no se produce ni el aprovechamiento de los recursos ni la producción de bienes y servicios en las cantidades socialmente óptimas, ocurre una falla o fracaso del mercado. La experiencia empírica indica que los bienes y servicios públicos están condenados a sufrir las fallas del mercado.

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Los bienes y servicios públicos

Los gobiernos normalmente proveen bienes y servicios públicos, no privados. Para diferenciar entre los dos tipos de bienes y servicios no hay que referirse a quien lo provee sino a las características de su consumo y la posibilidad de excluir a quienes no están dispuestos a pagar por él. Este enfoque permite definir adecuadamente las politicas gubernamentales.

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